LUIGI CAMPOS | @ELESPEJOCRITICO
19/07/2021
42 millones de españoles fueron prisioneros y cautivos por el gobierno español de Pedro Sánchez en todo el territorio nacional, tras el encierro inconstitucional decretado en el primer estado de alarma por COVID-19, aprobado el 14 de marzo de 2020, que finalizó el 21 de junio de 2020, como declara el Tribunal Constitucional y "ni siquiera el interés general puede prevalecer fuera de la ley de derechos fundamentales".
En concreto, el tribunal de garantías ha declarado inconstitucionales y nulos los puntos 1 y 3 del artículo 7 del decreto-ley, relativos a la libertad de circulación de personas y coches en espacios y vías públicas; así como el punto 5 del mismo artículo, que permitía al Ministerio del Interior acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos por razones de salud pública.
También ha declarado inconstitucional que se habilitara al Ministerio de Sanidad para "modificar" o "ampliar" las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades de hostelería y restauración. 14 de julio de 2021
El gobierno violó los derechos y libertades fundamentales de los 42 millones de habitantes, a circular libremente y elegir su residencia en el territorio nacional y la actividad comercial, equipamientos culturales y actividades recreativas, así como las actividades hoteleras y gastronómicas, dejando en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el control, intervención y sanción de los ciudadanos que incumplan las restricciones impuestas por la declaración del estado de alarma. Y si infringimos la normativa, ser sancionados económicamente, según la gravedad de la infracción, oscilaba entre los 100 y los 600.000 euros por infringir las restricciones decretadas.
¿Existe responsabilidad del Gobierno por la suspensión de derechos y libertades al estado de alarma? Por supuesto. El Gobierno debe enfrentar responsabilidad penal por la limitación de derechos y libertades. Y cabe preguntarse si existe responsabilidad civil por las infracciones cometidas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la respuesta debe encontrarse en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
Señores, aquí se perdió el Estado de Derecho, se vulneraron los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, el empleo y la economía se vieron seriamente afectados, por ello, el Gobierno debe ser sometido a un JUICIO POLÍTICO DE DESTITUCIÓN por el Congreso y debe afrontar responsabilidad penal.